Mientras el país se vuelve a estremecer por actos de violencia social y desórdenes por doquier, el presidente Toledo se da la vuelta al mundo con sus amigazos (¿alguien puede explicarnos qué valor estratégico tiene para el país que lo acompañen Adam Pollack y Luis León Rupp?).
La verdad es que sobre los desatinos de nuestro Primer Mandatario ya es ocioso abundar. Pero lo que sí es preocupante –y por ello nuestra referencia a ambos hechos– es el abierto desinterés del gobierno por considerar una prioridad el control del orden interno, la paz social y la protección de la legalidad.
Toledo ha decidido ya no hacerse problemas. Nunca se los quiso hacer, valgan verdades, pero en los últimos tiempos ya es patético el grado de indolencia con que se toma el desborde social que crece día a día y lo seguirá haciendo conforme se caliente la arena electoral.
No debería ser un acto normal que las carreteras se bloqueen, los edificios privados y estatales se apedreen, las cárceles sean centros de operaciones de delincuentes, los narcotraficantes establezcan zonas liberadas, las carreteras sean tierra de nadie a manos de asaltantes o de empresas de transportes negligentes, que empresas mineras sean tomadas sin ninguna sanción. Todo ello ocurre y el gobierno se limita a lamentarlo, a soltar amenazas que luego no cumple.
El Perú sigue siendo un país púber, como alguna vez lo definiera Luis Alberto Sánchez, y, al igual que en el desarrollo psicológico de los individuos, en esa fase, más que en ninguna otra, requiere de autoridad. De inteligencia y sensatez, pero de orden y límites claros.
Que en el futuro seamos o no un país que se inserte bien en el marco de la globalización, y que dejemos de ser la nación marginal y disfuncional que hasta hoy somos, depende, más que de nuestras cifras macroeconómicas, del grado de civilización que logremos construir. Y no hay civilidad alguna en medio de la turba dominante, la piedra decisoria, la llanta quemada como jueza o la huelga violenta como asignador presupuestal.
La verdad es que sobre los desatinos de nuestro Primer Mandatario ya es ocioso abundar. Pero lo que sí es preocupante –y por ello nuestra referencia a ambos hechos– es el abierto desinterés del gobierno por considerar una prioridad el control del orden interno, la paz social y la protección de la legalidad.
Toledo ha decidido ya no hacerse problemas. Nunca se los quiso hacer, valgan verdades, pero en los últimos tiempos ya es patético el grado de indolencia con que se toma el desborde social que crece día a día y lo seguirá haciendo conforme se caliente la arena electoral.
No debería ser un acto normal que las carreteras se bloqueen, los edificios privados y estatales se apedreen, las cárceles sean centros de operaciones de delincuentes, los narcotraficantes establezcan zonas liberadas, las carreteras sean tierra de nadie a manos de asaltantes o de empresas de transportes negligentes, que empresas mineras sean tomadas sin ninguna sanción. Todo ello ocurre y el gobierno se limita a lamentarlo, a soltar amenazas que luego no cumple.
El Perú sigue siendo un país púber, como alguna vez lo definiera Luis Alberto Sánchez, y, al igual que en el desarrollo psicológico de los individuos, en esa fase, más que en ninguna otra, requiere de autoridad. De inteligencia y sensatez, pero de orden y límites claros.
Que en el futuro seamos o no un país que se inserte bien en el marco de la globalización, y que dejemos de ser la nación marginal y disfuncional que hasta hoy somos, depende, más que de nuestras cifras macroeconómicas, del grado de civilización que logremos construir. Y no hay civilidad alguna en medio de la turba dominante, la piedra decisoria, la llanta quemada como jueza o la huelga violenta como asignador presupuestal.
Juan Carlos
Tafurjctafur@ednoperu.com
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