La presentación del gobierno peruano de la delimitación marítima a la Corte de La Haya ha generado una amplia discusión. Aquí queremos ocuparnos de dos: el "enfriamiento" del voto en el Senado de Chile del Tratado de Libre Comercio y el rol de la estatal Codelco en los ingresos fiscales del vecino país y de sus FFAA.
Primero, una aclaración. Chile lo llama TLC y va a ser votado en su Congreso. Perú no lo llama TLC sino Acuerdo de Complementación Económica (ACE); ya fue aprobado por el Ejecutivo y no va a ser votado en el Congreso. Para el negociador chileno, Carlos Furche, el TLC Chile-Perú "es pionero en la región: no hay ningún par de países que tengan este nivel de apertura, ningún otro acuerdo incluye servicios, ni capítulos de inversiones ni buenos capítulos de solución de controversias" (El Comercio, 26/8/2006).
Efectivamente. El ACE vigente hasta antes de agosto del 2006 entre Perú y Chile ya incluía la reducción arancelaria para casi todos los bienes comerciales. Lo nuevo de este TLC (como dice Furche) es que si hubiera alguna disputa entre un inversionista y un Estado, se tratará de darle solución mediante consultas y negociación. De no haber acuerdo, el demandante podrá recurrir a la jurisdicción internacional (arbitraje), con el concurso del CIADI del Banco Mundial, dejando de lado los tribunales nacionales.
Como Chile tiene más de US$ 6,000 millones invertidos en Perú, mientras Perú tiene solo US$ 230 millones invertidos en Chile, es obvio que Chile es el más interesado en este ACE-TLC (para que "no hayan más Lucchettis"). En su momento (http://www.cristaldemira.com/, 6-9-2006), dijimos que "no había que avanzar tanto tan rápidamente" pues habíamos obtenido poco, a cambio de otorgar a Chile el tema de su interés más sustantivo.
El "enfriamiento" del voto del TLC en Chile nos dice que allá se diferencia claramente entre intereses de Estado y de mercado. No hay "cuerdas separadas" entre delimitación marítima y comercio. Si, más adelante, los intereses de Estado lo determinan, podría haber voto del TLC (mercado).
El otro tema es que la estatal Codelco, primera empresa de cobre del mundo, aporta una cantidad importante de divisas (Codelco exportó US$ 17,000 millones en el 2006) y de ingresos fiscales. Del 2000 al 2006 (ver Memorias, http://www.codelco.cl/), el Estado recibió US$ 17,823 millones. En el 2006, los US$ 8,278 millones pagados por Codelco fueron el 22% del total de ingresos fiscales del Estado chileno –US$ 37,800 millones–.
Estos ingresos "no caen del cielo" (ver http://www.cristaldemira.com/, 5/6/2005). De 1990 al 2004, la inversión cuprífera en Chile fue US$ 25,900 millones, de los cuales US$ 16,900 millones fueron de empresas privadas. Codelco invirtió US$ 9,000 millones. Así, en el pragmático Chile el cobre es producto estratégico. Por eso, su ministro de Defensa, José Goñi, dijo hace poco que "dispone de excedentes para la compra de armas por más US$ 1,000 millones".
Aquí sucede exactamente lo opuesto, pues se vendieron los lotes petroleros de Petroperú. Hace poco, se le negó a Petroperú la posibilidad de incursionar en la industria petroquímica (asociada a Petrobrás), pues la decisión de venta de gas no la tomó el Estado sino la empresa privada que explota el gas natural. La lista es interminable.
El fondo de la cuestión tiene que ver con el rol del Estado en una "economía social de mercado". Mientras que la clase política chilena tiene una visión que combina el rol del Estado y el rol del mercado, aquí prima el sacrosanto "libre mercado" (enfoque fracasado que tuvo su cuarto de hora en la década del 90) y todos los que plantean que el péndulo debe estar en el medio son vulgares "perros del hortelano". ¿Hasta cuándo?.
Humberto Campodónico.
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