"Un logro central de la directiva de debida diligencia (CSDDD) de la Unión Europea (UE) era que, por ejemplo, las personas afectadas por los pesticidas en plantaciones de banano en terceros países -sea Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica o Sudáfrica- o que han perdido un familiar en un incendio en una fábrica pudieran querellarse contra la empresa en territorio europeo y reclamar compensaciones o el pago de sus costos médicos”, explica a DW Franziska Humbert, jefa del equipo de Economía Justa de Oxfam Alemania.
"Pero aduciendo simplificar procedimientos y evitar burocracia para las empresas europeas, esta directiva se enfrenta al peligro de quedar como una nuez sin contenido”, agrega.
Directivas verdes en peligro
Esta propuesta de simplificación, llamada "ómnibus”, que fue presentada por la Comisión Europea a finales de febrero, prevé un 25 por ciento de ahorro en barreras burocráticas para las grandes empresas y hasta un 35 por ciento para las pequeñas y medianas empresas hasta finalizar este mandato (2029).
Se llama "ómnibus" porque modifica en un solo paquete varias directivas que, según el Pacto Verde europeo, iban a mejorar sustancialmente el cumplimiento con estándares medioambientales y laborales, dentro y fuera del territorio europeo.
En la propuesta se incluye la directiva de debida diligencia en cuanto a derechos humanos, laborales y ambientales. También está la CSRD (Corporate Sustenibiliy Reporting Directive) que preveía la obligación de las empresas de emitir un informe anual sobre su cumplimiento de estándares ambientales y otra directiva que preveía definiciones de qué es una "inversión sustentable”. El paquete incluye modificar también la regulación CBAM (Carbon Adjustment Mecanismo) que prevé un ajuste de precio en la frontera europea por la emisiones de carbono que los productos importados hayan generado en terceros países.
¿Se acabó la esperanza para las víctimas?
"Nos parece catastrófico para las víctimas, pues se excluye de la directiva la responsabilidad civil. Pero también nos parece absurdo que la obligación de poner atención en el cumplimiento de derechos sindicales, por ejemplo, no llegue hasta el productor”, sigue Franziska Humbert.
"En el caso de los grandes supermercados alemanes como Lidl, REWE o Aldi, su suministrador directo está en territorio de la UE. Es decir, su responsabilidad acaba aquí y no en países productores de América Latina y de África, donde se producen las violaciones de derechos humanos”, añade la jurista de Oxfam Alemania.
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