Los siete congresistas investigados por presuntas irregularidades El divorcio entra las Instituciones del Estado y la población no hace más que aumentar. Y buena parte de esta culpa la encontramos en el hecho que la ciudadania no se siente efectivamente representada.
El Congrezoo por ejemplo sólo sirve para que el APRA, club político que ahora gobierna; actue para blindar a sus compañeros de las acusaciones de incompetencia, corrupción y represión sistemática que aplican, en algunos casos; para frenar los reclamos de la población.
Una vez más somos testigos de la forma tradicional en que los partidos políticos, conducen los destinos de nuestro país. Los advenedizos del partido de Ollanta, tampoco escapan a la mediocridad, en poco tiempo han llegado al nivel de maestros de la pendejada y cinismo, que sólo ostentaban los apristas. Sólo podemos esperar que la capacidad critica y análitica de la gente mejore y que en las próximas elecciones sepa elegir, castigando con su voto a quienes llegaron al poder para servirse de el y no para servir a quienes los eligieron.
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Siete congresistas son investigados por presuntas irregularidades
Legislador fujimorista Ricardo Pando podría seguir los pasos de Tula Benites si el pleno aprueba su acusación constitucional.
Redacción.
La República.
Si bien el Congreso desaforó a la congresista aprista Tula Benites por haber contratado a un trabajador fantasma en su despacho congresal, y su caso fue enviado al Poder Judicial para que sea procesada, aún quedan siete casos pendientes de legisladores que están siendo investigados por presuntamente haber incurrido en faltas éticas o delitos.
El que le seguiría los pasos a Benites es el legislador fujimorista Ricardo Pando, quien ya ha sido acusado por la Subcomisión de Acusaciones del delito de falsedad genérica por haber contratado a un asesor fantasma en su despacho congresal. Su caso está pendiente de ser debatido y votado en la Comisión Permanente para luego ser enviado al pleno.
Cabe señalar que ante esto, algunos congresistas de la bancada fujimorista han manifestado que el caso de su correligionario no constituye un delito.
NACIONALISTAS EN LA MIRA
En tanto, el caso de la congresista Janeth Cajahuanca ya fue remitido a la Subcomisión de Acusaciones. La congresista de las filas del Partido Nacionalista ha sido acusada de haber contratado como personal de su despacho a un vendedor de gas que nunca asistió a laborar y a su pareja sentimental, además de haber presentado un proyecto de ley que favorecía a su padre. Cajahuanca, paralelamente, está siendo investigada por la Comisión de Ética.
El congresista e integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Bruce (AP), señaló que las pesquisas en el subgrupo no se han podido iniciar debido a que la bancada aprista aún no nombra el reemplazo de Julio Herrera.
De otro lado, Ética viene investigando a otros cinco legisladores: Susana Vilca (PNP), Daniel Robles (Apra), Hilda Guevara (Apra), José Vega (UPP) y Rafael Vásquez (PNP).
La presidenta del grupo de trabajo, Elizabeth León, indicó que el informe sobre Vega Antonio será sometido a una reconsideración este miércoles a pedido de la parlamentaria Karina Beteta (UPP), el mismo que recomienda suspenderlo 90 días.
Dijo que se decidió no abrir investigación contra el congresista Elías Rodríguez (Apra) hasta que el Poder Judicial se pronuncie sobre sus presuntos vínculos con los Sánchez Paredes. En similar situación está el caso de la congresista Rocío Gonzales, quien ha sido sentenciada a cuatro años de cárcel por robo.
DESCARGOS DE LOS LEGISLADORES
Diferentes reacciones tuvieron los congresistas con investigaciones pendientes en el Congreso. Por ejemplo, la parlamentaria nacionalista, Susana Vilca, calificó como una "vil calumnia" la acusación de que habría contratado a un trabajador fantasma en su despacho, con quien supuestamente acordó repartirse el salario de este.
Por su parte, el legislador aprista Daniel Robles se mostró confiado de salir airoso ante la acusación que lo vincula con el clan familiar Sánchez Paredes, clan familiar presuntamente vinculado al narcotráfico.
En conversación con La República, Robles expresó que desde el 2002 se encuentra enfrentado con los Sánchez Paredes por el mal uso que le dio la familia a unas maquinarias donadas a la minera Algamarca, y que –incluso– los acusó como autores intelectuales del asesinato del alcalde de Santiago de Chuco.
De otro lado, el parlamentario de UPP, José Vega, se ha defendido anteriormente de la denuncia sobre la contratación de la pareja sentimental de su hijo, Susan Silva Paz, en su oficina parlamentaria.
Vega ha aducido que, en términos legales, Silva Paz no puede ser considerada su nuera, por lo que no ha violado la ley contra el nepotismo.
2 comentarios:
El electarado prefiere a Lucianita León o a Gaby Pérez del Solar o a Guidito Lombardi o al sujeto Torres Caro o a el perrito Mulder antes que votar por Jvier Diez Canseco, Nicolás Lynch, Juan Sheput o Cucho Haya de la Torre intelectuales de la política. Tenemos el Congrezoo que nos merecemos.
La congresista Cajahuanca debe acordarse que fue elegida para legislar a favor de su departamento y del país, y no para contratar a su parentela, amante y allegados, precisamente con parlamentario así es como el Congreso se desprestigia. Ya es hora que le pongan el alto a esta mala congresista que lo unico que hace es echarle la culpa a los apristas de sus horrores que comete. Acaso los de la estrella le obligaron hacer lo que ha hecho. Si tienes sangre en la cara Cajahuanca admite tus errores y piede perdon a los que votaron por ti y al pais em general.
Raul.-
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