Congrezoo Peruano: Divide Y Joderás !!

Acabo de leer algo en el Comercio, y realmente no hace más que aumentar el asco y la repugnancia que muchos peruanos sentimos por esta banda de sinverguenzas y parásitos mal llamados congresistas de la república ( así en minúsculas ). Conocido es por miles de peruanos que el actual congrezoo peruano esta infestado en casi un 90% por vividores, transfugas, escoria y toda una fauna que haria palidecer de rubor a los pirañitas de la plaza San Martín.

Cuando de defender las argollas, pendejadas y beneficios, no hay quien pueda ganarles en viveza a estos coliformes fecales.

Tal es así que existe en nuestro cada vez más putrefacto congrezoo una ley de marras que permite a cada congresaurio, dividir el sueldo de sus empleados con el fin de contratar más personal.

Por ejemplo si una secretaria practicante, gana unos 1,000 nuevos soles como asignación mensual, la ley permite al congresaurio, empleador de la susodicha; mocharle el sueldo hasta en un 50% y contratar a otra para; según el argumento expuesto, agilizar el trabajo en la oficina.

Que cabeza puede pensar que un peruano puede sobrevivir con un sueldo de 500 soles al mes, aun siendo el caso de un empleado practicante esa suma resulta miserable. No alcanza ni para los desplazamientos al centro de labores ni para los alimentos que todo ser humano debe consumir, para reponer fuerzas.

La pregunta del millón es : ¿No sería más conveniente dividir los sueldos de los congresaurios y pagarles a cada dos sinverguenzas con el sueldo de uno de ellos?.

Quiza eso haría más equitativa y justa la forma en que actualmente un grupo de ellos utiliza la ley para abusar de ciudadanos que por necesidad aceptan recibir migajas como salario.

Este es el Perú carajo!!, el Perú de las pendejadas apristas y asaltado por una cofradía de impresentables que bajo el título de políticos estan llevando a nuestro a país hacia el precipicio.

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HECHA LA LEY...
Norma permite a congresistas repartir sueldo de empleados

Una norma de menor jerarquía del Congreso faculta a los legisladores a dividir el sueldo de sus secretarias y auxiliares para contratar más personal de confianza para sus despachos, situación que no solo quiebra el principio de "una sola persona por cada puesto y presupuesto aprobado" que rige en la normatividad laboral, sino que fomenta la desigualdad de las remuneraciones entre los trabajadores que realizan las mismas funciones.

Esta norma casi desconocida es el acuerdo de mesa directiva 010-95/MESA-CR, que indica: "Se autoriza a la Gerencia General subdividir, hasta un máximo de dos personas, el contrato de dos secretarias y dos auxiliares, previa solicitud por escrito de los señores congresistas. De ser así la remuneración que perciba la secretaria o el auxiliar será dividido en dos, según sea el caso".

El Comercio conoció que según un reciente informe del Departamento de Recursos Humanos del Congreso son 23 los congresistas (ver cuadro) de diversas bancadas los que más abusan de esta norma no solo para dividir los sueldos de su personal de confianza a su libre discrecionalidad, sino porque saturan sus despachos de empleados.

Para conocer su parecer sobre esta situación conversamos con cinco de los legisladores signados en esta nómina y que pertenecen a distintos grupos parlamentarios: el fujimorista Víctor Rolando Sousa, la aprista Nidia Vílchez, el humalista Cayo Galindo, la representante del Bloque Popular Elizabeth León, y el de la bancada Alianza Parlamentaria Víctor Andrés García Belaunde.

León, quien dicho sea de paso preside la Comisión de Ética, respondió que se opone a que la norma se anule porque dejaría a los legisladores provincianos sin el número suficiente de personal.

Sousa, en cambio, se mostró consciente de la situación e incluso manifestó que sabía que una norma de esta naturaleza no existía en otros poderes del Estado. "De hecho divido uno de los sueldos entre mi secretaria y mi auxiliar de oficina", reconoció.

Galindo manifestó que la administración del Congreso era responsable de permitir este tipo de contrataciones. Se mostró de acuerdo en que se divida el sueldo según el número de trabajadores que necesita cada legislador.

García Belaunde refirió que la división de sueldos es una práctica generalizada entre todos los congresistas y se hace de manera legal, pues lo establece el Congreso. Justificó que si alguien gana 550 soles es porque se trata de un practicante al que ese monto le sirve para sus viáticos y pasajes.

La oficialista Vílchez detalló que había una propuesta con respecto a establecer un monto global para el personal auxiliar que luego sería repartido equitativamente, pero arguyó que por ahora cumplía con la norma del Congreso.

Consultado al respecto, el ex ministro de Trabajo Fernando Villarán opinó que la norma en la que se amparan los parlamentarios es poco transparente.
"Da pie a la explotación al pagar incluso cifras miserables a sus propios trabajadores. Los responsables que han mantenido y mantienen esta norma absurda y abusiva tienen que ser duramente criticados", agregó.

El primer vicepresidente del Congreso, el fujimorista Alejandro Aguinaga, también reconoció que se trata de una norma discriminatoria por lo que planteará que la Mesa Directiva debata su modificatoria.

DEL CONSULTOR

Se quiebran varios principios laborales básicos*Las normas presupuestales y la transparencia pública exigen que el Estado, en materia de personal, tenga dos principios esenciales: primero, el respeto de los topes y escalas salariales de acuerdo al presupuesto disponible; y, segundo, la contratación de personal por el número de puestos aprobados. Así, no puede pagarse más allá de lo autorizado ni contratarse personal más allá de los puestos aprobados.

Al igual que los casos anteriores de gastos de representación y escolaridad, la posibilidad de contratar a más de una persona, siempre que no se exceda en total del presupuesto asignado para un puesto, es un hecho singular en el caso del Congreso de la República.

Se debería corregir esta situación pues se quiebra el principio "una sola persona por cada puesto y presupuesto aprobado", además de que generan supuestos de diferenciación no adecuados --personas con la misma función pero diferentes remuneraciones-- y se otorga discrecionalidad para la contratación de personal (más de uno por puesto) que en materia pública no debería admitirse. La libertad de contratación debe significar la posibilidad de escoger a las personas, pero no el número de estas.

* Jorge Toyama. Laboralista
Fuente: El Comercio - Perú