Quieren Intimidar a César Hildebrandt

¿El costo de Federico Danton?

Ayer, a las 2 y 30 de la tarde, un policía de la comisaría de Chacarilla del Estanque se presentó en mi casa con la siguiente notificación:
“Por intermedio de la Comisaría de Chacarilla del Estanque le NOTIFICA A UD, a razón del documento de la referencia, la disposición del Duodécimo (sic) Juzgado Penal de Lima, para su conducción de grado o fuerza, a efecto de que concurra al Local de dicho Juzgado, el día 12 de Diciembre Próximo (sic) a horas 3 pm., a fin de que preste su declaración Testimonial (sic), en la instrucción seguida a Fernando Melciades Zevallos Gonzales y otros, por delito de Tráfico Ilícito de Drogas y otro (sic) en agravio del Estado”.
“Firmado, Jámblico Zapata Vega, Mayor PNP, Comisario”. La notificación fue leída pero no recibida. Primero, porque he prometido resistir a la podre del poder judicial con todas las fuerzas de las que pueda ser capaz. Y segundo, porque, desde un punto de vista estrictamente formal, mi abogado, el doctor Heriberto Benítez, ha señalado ante ese Juzgado un domicilio judicial diferente.
El efectivo policial le advirtió a la persona que se acercó hasta la puerta del condominio donde vivo que la próxima vez que viniesen me extraerían a la fuerza de mi domiclio.
¡Que vengan! He sostenido, con firmeza y sobriedad, que no permitiré que la lepra judicial me manosee. Y si tengo que dar el ejemplo resistiendo en mi domicilio, encerrado en él, pues lo haré. No será la primera vez que alguien quiera intimidarme ni será la última vez que aguante a pie firme la presión. En este caso, la presión del poder judicial, donde el Apra acampa a sus anchas, y la ejercida por un periódico cuyas cuitas delictivas entre accionistas denuncié con papeles, cheques y recibos años atrás.
Mi citación es infame. Se me cita porque, por presión de cierta gentuza ligada a la unidad de investigación de ese diario que tiene tantas razones para odiarme, un juez de Maynas ha decidido tomar en serio el “testimonio” del hermano de un asesino a sueldo, que dice haber visto la entrega de 35,000 dólares, puestos en una cerrada caja de zapatos, a un camarógrafo intachable llamado Orlando Cánepa, que trabajó en mi programa En persona y que fue acompañante profesional en las célebres aventuras informativas de Mariella Patriau.
Al prevaricador juzgado de Maynas no le ha interesado preguntar cómo pudo el múltiple asesino que “testimonia” saber que eran 35,000 los dólares que guardaba la caja de zapatos que vio entregar si, como asegura, ni se acercó ni comprobó ni menos contó la imaginaria suma.
Al prevaricador juzgado de Maynas –que a la prevaricación añade una cuantiosa dosis de imbecilidad– tampoco le interesa preguntar por qué el sobornador, ligado a Fernando Zevallos, escogió un método tan chusco como una caja de zapatos habiéndose inventado, desde hace tiempo, el giro, el fax, la cuenta cifrada, el teledepósito y las mil vainas del sistema bancario –cosas que tan bien conocen algunos directivos del diario instigador, los mismos que hicieron el negocio de su vida jugando al dólar MUC en los tiempos del primer Alan García–.
Ni tampoco ha preguntado el juzgado de Maynas por qué tuvo que hacerse esa “entrega” en público y tras una entrevista vigilada por la policía, tal como se demostró con las imágenes propaladas por el programa La revista dominical en los tiempos de Nicolás Lúcar.
Y al prevaricador juzgado penal de Lima, intérprete del de Maynas, no se le ha ocurrido preguntar qué diablos tengo que ver yo con la supuesta declaración del criminal en cuestión.
No, de lo que se trata es de que yo entre en el juego de las salpicaduras. Alguna gentuza que aún ventosea en el diario que se jacta de ser judicialmente invencible cree que, empujándome a testimoniar en un asunto que ni siquiera me roza, logrará mellar mi único capital, que es mi reputación y mi decencia. Capital del que carecen los jueces implicados en esta infamia y quienes los azuzan desde el poder con visos de metástasis que empezamos a padecer.
Pues bien, aquí me tienen. No iré ni pienso ir. Y no porque me crea por encima de la ley sino porque no hay ley que ampare el abuso ni juzgado penal que pueda obligarme desde la más suprema de las arbitrariedades.
¿Saben ustedes qué preguntas contiene el exhorto venido de Maynas?Quieren preguntarme cuál es el segundo apellido del señor Cánepa, honorabilísimo y calumniado camarógrafo. O cuál es el domicilio actual de Mariella Patriau, honorabilísima reportera que hace tres años que no veo. O si conozco al sicario difamador. Y así por el estilo. El asunto es que vaya “y que conste en actas” que fui testigo en un caso de narcotráfico seguido en contra del condenado Fernando Zevallos. Porque esto es de Ripley: si Zevallos ha sido condenado a 20 años de cárcel, ¿qué hace un compañerísimo juez de Maynas indagando por el testimonio de un asesino a sueldo que dice haber visto lo que no pudo ver, tal como lo aclaró a su tiempo el mismo Orlando Cánepa y la mismísima Mariella Patriau?
¿Esa es la reforma judicial que prometió el doctor Vásquez Vejarano? ¿Esa es la vigilancia que ejerce la OCMA del doctor Távara, flamante y, al parecer, honorable presidente entrante de la Corte Suprema?
Y no es que hayamos desacatado las notificaciones del décimo-segundo juzgado penal de Lima. Heriberto Benítez, que tanto ha hecho por los derechos humanos y la libertad de expresión en este país, ha enviado, con fecha 27 de noviembre del 2006, una solicitud de nulidad de exhorto brillantemente expuesta y doctrinariamente fundada.
“Es el caso –dice Benítez– que en este dossier no existe ninguna justificación legal ni jurídica para librar un exhorto a mi patrocinado, ya que él es ajeno a las pesquisas policiales y a las diversas responsabilidades penales de los procesados… resultando, además, totalmente extrañas las interrogantes formuladas… las mismas que están referidas a temas absurdos como averiguar cuáles son los nombres completos de dos ex trabajadores suyos y si conoce los domicilios de ambos…
Adicionalmente, debe tenerse presente que nuestro ordenamiento jurídico vigente determina quiénes deben comparecer como testigos… y se entiende como tales a quienes son señalados en la denuncia del Ministerio Público, o parte agraviada, o atestado policial, como conocedores del delito o de las circunstancias que precedieron, acompañaron o siguieron a su comisión… Y mi patrocinado no tiene ninguna de esas condiciones…”.
La respuesta del XII juzgado penal de Lima ha sido mandarme detener para ser conducido por la fuerza a su covacha. Con lo que empieza a cumplirse la profecía que un diario anunció tras la revelación que esta columna hiciera en torno al vástago oculto del mitómano señor Presidente de la República: que a partir de ese día mi vida se iría complicando cada vez más.
Pues así viene siendo. Hace más de un mes, aduciendo razones comerciales difíciles de entender, el dueño de Radio San Borja me dejó sin ingreso económico alguno. Eso me ha llevado a la determinación de suspender Al día con Hildebrandt hasta que pueda comprar el espacio y financiarlo por mi cuenta, cosa que no parece agua de rosas en la escena política que vivimos.
Con la TV moviendo las caderas como hacían las cocottes, el Congreso domesticado, buena parte de la prensa atrapada por las cuentas publicitarias de la SUNAT y un amplio sector de comunicadores independientes convertidos en menaje de Palacio, es difícil luchar. Precisamente por eso es más que nunca necesario dar la cara y enfrentarse al abuso y a la corrupción. Sin dárselas de héroe ni nada por el estilo. Sólo cumpliendo con el público y la conciencia.

Tomado del Diario La Primera

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