miércoles, enero 12, 2005

Gasto social se despilfarra y no llega a los más pobres.

Un balance del gasto social en Perú, elaborado por el economista Enrique Vásquez, reveló que el programa "Vaso de Leche", dirigido a combatir la desnutrición en niños, gestantes y ancianos, dejó de atender a 3,5 millones de niños pobres en 2004.
Desde 1995, Perú destina alrededor de US$ 1.000 millones anuales para los programas de reducción de la pobreza, dentro de los cuales se encuentran el "vaso de leche", el seguro integral de salud, los desayunos y almuerzos escolares, y los comedores populares, entre otros.
Sin embargo, existe un alto número de personas que, sin ser pobres, reciben esos beneficios sociales, lo que hace que otro porcentaje de la población necesitado no reciba la asistencia, indicó Vásquez.
Cabe señalar que según el informe del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), la mala administración de los programas aplicados para aliviar la pobreza en el Perú ocasionó que durante el 2003 se perdieran S/. 266 millones (cerca de US$ 80 millones).
De acuerdo a cifras del balance auspiciado por el CIES, cerca de un 70% de niños no puede recibir el vaso de leche y un 97% de pobres no puede acceder a los servicios de los comedores populares, donde se puede almorzar por 30 centavos de dólar.
Por otro lado, existe un 26% de usuarios del vaso de leche y un 36% del comedor popular que reciben esos servicios sin estar en el grupo al que están dirigidos.
En opinión de Vásquez, el gasto social en los últimos diez años en Perú ha sido ineficaz y poco equitativo debido a la falta de un sistema nacional de control.
El balance detectó que hay regiones muy pobres como Apurímac y Huancavelica, donde la desnutrición afecta al 91 y 96% de niños, en las que el gasto social per cápita es de S/. 60 (US$ 18) anuales.
En tanto, el Callao que tiene sólo a 5% de sus niños en situación de desnutrición, recibe S/. 610 (US$ 183) anuales per cápita.
Lima, que concentra a un tercio de la población peruana, recibió el año pasado el 80% del presupuesto del Ministerio de Salud dedicado al Programa de Atención Integral de Salud Adolescente y el 90% de la inversión en infraestructura educativa.

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