La legalidad es una excusa inaceptable para el inadecuado uso de los escasos recursos públicos.
Un hecho que ha agravado el distanciamiento entre la población y la autoridad es la sensación generalizada de que los recursos públicos financian privilegios a quienes llegan al poder.
La explicación frecuente es que son asignaciones presupuestales de acuerdo a las normas vigentes. El problema, sin embargo, es que estas son aprobadas por los propios beneficiarios. Algunos ejemplos recientes del destino incorrecto -pero legal- del dinero público son los siguientes:
Gratificación operativa. En diciembre, los congresistas recibieron S/.50 mil por sueldo, gratificación, gastos operativos y bonificación extra por 'desempeño de función'. En noviembre habían recibido, en adición al sueldo regular, S/.16 mil como gasto operativo adicional. Todo es legal porque ellos mismos lo deciden.
Donaciones personalísimas. Un argumento deleznable de los congresistas para justificar sus honorarios es que parte de ellos los donan con fines altruistas. Una donación es una decisión personal voluntaria que produce una satisfacción individual. Que esta sea financiada con recursos públicos extras es una vergüenza.
Motor show. El Ministerio del Interior ha aprobado gastar S/.4 millones para la compra de automóviles para generales y coroneles -incluyendo uno blindado para el Director General de la PNP-, mientras los patrulleros están destartalados y las comisarías, en situación precaria.
Circulinas y guardaespaldas. Es bochornoso el número de vehículos y miembros de seguridad que se asigna a nuestras autoridades.
El avión, el avión. El Presidente y su familia tienen derecho a tomar vacaciones, incluso en Punta Sal (a pesar de lo políticamente incorrecto de un destino que es un símbolo de la frivolidad del mandatario). Sin embargo, usar el avión presidencial para ello es inmoral. Cada quien debe vacacionar con la suya.
Los políticos actúan al margen de la indignación del ciudadano común y corriente. Podrán ser pagos y gastos legales, pero carecen de legitimidad social y contribuyen a reforzar el peligroso debilitamiento de la autoridad ante la población.
Un hecho que ha agravado el distanciamiento entre la población y la autoridad es la sensación generalizada de que los recursos públicos financian privilegios a quienes llegan al poder.
La explicación frecuente es que son asignaciones presupuestales de acuerdo a las normas vigentes. El problema, sin embargo, es que estas son aprobadas por los propios beneficiarios. Algunos ejemplos recientes del destino incorrecto -pero legal- del dinero público son los siguientes:
Gratificación operativa. En diciembre, los congresistas recibieron S/.50 mil por sueldo, gratificación, gastos operativos y bonificación extra por 'desempeño de función'. En noviembre habían recibido, en adición al sueldo regular, S/.16 mil como gasto operativo adicional. Todo es legal porque ellos mismos lo deciden.
Donaciones personalísimas. Un argumento deleznable de los congresistas para justificar sus honorarios es que parte de ellos los donan con fines altruistas. Una donación es una decisión personal voluntaria que produce una satisfacción individual. Que esta sea financiada con recursos públicos extras es una vergüenza.
Motor show. El Ministerio del Interior ha aprobado gastar S/.4 millones para la compra de automóviles para generales y coroneles -incluyendo uno blindado para el Director General de la PNP-, mientras los patrulleros están destartalados y las comisarías, en situación precaria.
Circulinas y guardaespaldas. Es bochornoso el número de vehículos y miembros de seguridad que se asigna a nuestras autoridades.
El avión, el avión. El Presidente y su familia tienen derecho a tomar vacaciones, incluso en Punta Sal (a pesar de lo políticamente incorrecto de un destino que es un símbolo de la frivolidad del mandatario). Sin embargo, usar el avión presidencial para ello es inmoral. Cada quien debe vacacionar con la suya.
Los políticos actúan al margen de la indignación del ciudadano común y corriente. Podrán ser pagos y gastos legales, pero carecen de legitimidad social y contribuyen a reforzar el peligroso debilitamiento de la autoridad ante la población.
Tomado de Perú21, Autor: Augusto Alvarez Rodrich
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