Recientes estudios de la Universidad del Pacífico dan cuenta de una realidad tan cruel como indignante: la degradación de los programas de ayuda social, debido principalmente al mal manejo y la manipulación política de los mismos.Ello da lugar al crecimiento exagerado de la burocracia que absorbe y birla recursos a quienes realmente necesitan apoyo.
Ante panorama tan escandaloso, el Gobierno debe una explicación al país, antes de proceder a un cambio radical de estas políticas. ¿Cómo es posible que unas 25 mil personas -que provendrían de las filas peruposibilistas- hayan ingresado a trabajar en programas de ayuda social que administra el Estado desde el 2001? Es decir, se habría utilizado estos proyectos para pagar favores políticos. Igualmente escandaloso es el nivel de infiltración que se permite en los programas del vaso de leche y en comedores populares, donde la cuarta parte de los beneficiarios podría costear su ración. Y a todo esto habría que agregar una red casi delictiva de componendas y contratos entre algunos funcionarios y sus proveedores.
Como resultado de este manejo doloso, la desnutrición golpea al 22% de la población nacional, lo que en el sector de extrema pobreza alcanza el 50%. ¡Y hay un millón de niños que ya son desnutridos!
El Congreso debe abrir una investigación sobre estos crudos excesos, que lleve a ordenar auditorías y revisar padrones de beneficiarios y proveedores. Asimismo, tiene que evaluarse las planillas de burócratas y proceder a una reingeniería de todos estos programas que lleve a su transferencia a las municipalidades o a su tercerización. Es decir, al manejo de los mismos por el sector privado, más eficiente y menos dable a la repudiable manipulación política y delictiva.
En una perspectiva de mediano plazo, habría que replantear la política de apoyo social. Dados los ingentes montos que implica -unos 4 mil millones de dólares, es decir aproximadamente el 30% del presupuesto nacional- y su delicado objetivo, es obvio que tiene que pensarse en una entidad autónoma para su administración, desvinculada de los avatares y apetitos, a veces voraces e insensibles, de un gobierno temporal.
Ante panorama tan escandaloso, el Gobierno debe una explicación al país, antes de proceder a un cambio radical de estas políticas. ¿Cómo es posible que unas 25 mil personas -que provendrían de las filas peruposibilistas- hayan ingresado a trabajar en programas de ayuda social que administra el Estado desde el 2001? Es decir, se habría utilizado estos proyectos para pagar favores políticos. Igualmente escandaloso es el nivel de infiltración que se permite en los programas del vaso de leche y en comedores populares, donde la cuarta parte de los beneficiarios podría costear su ración. Y a todo esto habría que agregar una red casi delictiva de componendas y contratos entre algunos funcionarios y sus proveedores.
Como resultado de este manejo doloso, la desnutrición golpea al 22% de la población nacional, lo que en el sector de extrema pobreza alcanza el 50%. ¡Y hay un millón de niños que ya son desnutridos!
El Congreso debe abrir una investigación sobre estos crudos excesos, que lleve a ordenar auditorías y revisar padrones de beneficiarios y proveedores. Asimismo, tiene que evaluarse las planillas de burócratas y proceder a una reingeniería de todos estos programas que lleve a su transferencia a las municipalidades o a su tercerización. Es decir, al manejo de los mismos por el sector privado, más eficiente y menos dable a la repudiable manipulación política y delictiva.
En una perspectiva de mediano plazo, habría que replantear la política de apoyo social. Dados los ingentes montos que implica -unos 4 mil millones de dólares, es decir aproximadamente el 30% del presupuesto nacional- y su delicado objetivo, es obvio que tiene que pensarse en una entidad autónoma para su administración, desvinculada de los avatares y apetitos, a veces voraces e insensibles, de un gobierno temporal.
Tomado del Diario El Comercio, Edición Digital.
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