Es como si estas instituciones llamadas a tutelar nuestros derechos, fueran en realidad apéndices de las empresas privadas y de las transnacionales.
Para nadie es un secreto la pólemica que ha despertado en el mundo el uso de las semillas transgenicas para mejorar los alimentos y su consiguiente consumo humano. Es una parádoja que en un mundo que busca cada día alimentos sanos, libres de insecticidas, y de elementos contaminantes; en el Perú ( país agrícola por naturaleza y llamado a ser una fuente generadora de alimentos ), se opte por acoger el uso de semillas modificadas genéticamente.
Por otro lado en España, los usuarios de Internet pueden estar de enhorabuena ya que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio actuará con mano dura frente a todas las ofertas de ADSL que no cumplan con el 80 por ciento de la velocidad prometida. Con esta medida se espera acabar con todas aquellas líneas de 1, 3, 6, 10 ó 20 Megas que en realidad no llegan a darle al cliente la velocidad de conexión esperada. El Gobierno ha hecho este anuncio en pleno auge de contratos de banda ancha, que en 2007 aumentaron un 20,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.
La otra cara de la moneda es la real situación de la banda ancha en nuestra patria y como la empresa Telefónica nos vende gato por liebre al poner en el mercado una oferta que no garantiza ni el 50% del ancho de banda contratada. Alguna entidad estatal dice algo............??
Teniendo en cuenta que Popy Olivera ya no esta en el actual gobierno, y por lo tanto Telefónica no tiene a su principal lobbista en el Estado, la pregunta del millón es quien protege a esta transnacional y evita que se le sancione por ofertar algo que no cubre las espectativas de los usuarios. Es como si compraramos un auto con doble tracción y cuando nos lo entregan nos dicen que solo la tiene en dos ruedas. Hablando claramente, podemos decir que nos estan estafando.
Ojala que nuestro conocido el Congresista Lescano tome nota de esta iniciativa propuesta en España y se logre que en el Perú las empresas de banda ancha, vendan un producto que garantize en más del 70% su calidad. De lo contrario cobrar por algo que no se ajusta a lo deseado es expoliar los bolsillos de los consumidores.
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Excluyeron a la sociedad civil para opinar sobre transgénicos.
Entidades exigen conocer precauciones que se tomarán para evitar posibles daños a la salud y el ambiente.
José Carlos Reyes.
Laboratorio. La modificación genética debe ser probada científicamente. (Foto: EFE)
El futuro ingreso de las semillas transgénicas al Perú sigue generando polémica. Diversas organizaciones científicas y de la Sociedad Civil criticaron que nunca fueran consultadas ni informadas sobre el reglamento de Bioseguridad que normará el ingreso de estas semillas genéticamente manipuladas.
Así lo indicaron representantes de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec). "Nosotros exigimos transparencia al gobierno al conocer cuáles serán las precauciones que se tomarán para evitar que los consumidores o el ambiente sean afectados", criticó Luis Gomero, miembro de la RAAA.
Pero también la presidenta de la Sociedad Peruana de Genética, Antonietta Gutiérrez, en su momento mostró su malestar pues esta entidad tampoco fue consultada.
Al respecto el jefe del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Juan Rissi, admitió que estas entidades fueron excluidas de la elaboración del reglamento, pero recalcó que sí fueron consultadas otras instituciones científicas.
"El reglamento saldrá en los próximos días y no podrá ser vetado por el Ministerio de Ambiente", apuntó Rissi, aunque evitó adelantar detalles sobre las sanciones que se establecerán para las empresas en caso incumplan las normas de bioseguridad.
replantearán posición .
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente criticó la posición asumida por el gobierno peruano de negarse a establecer sanciones de carácter internacional para las empresas productoras de semillas transgénicas, en el caso de que su uso genere efectos negativos en la salud humana y el ambiente. "Aún se desconocen los reales efectos del uso de transgénicos; por ello, la norma debe ser vinculante", refirió María Luisa del Río, jefa de la Unidad de Biodiversidad y Bioseguridad del Ministerio del Ambiente, quien indicó que su cartera buscará replantear la posición peruana.
Sin embargo Rissi indicó que el INIA mantendrá su oposición respecto de las sanciones internacionales.
Fuente: La República
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