"El (Ausente) Estado Ambiental"

A continuación posteo la primera parte de la interesante entrevista al Experto Iván Lanegra, y que fue publicada en el Diario La República Edición Digital.

En esta entrevista Iván Lanegra, demuestra como el Gobierno Aprista carece de una verdadera política ambientalista y la forma grotesta en que ha improvisado el llamado Ministerio del Medio Ambiente, que no forma parte de una estrategia gubernamental, si no más bien una exigencia producto de la firma del TLC con EEUU.

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Mitos que contaminan
El experto en temas ambientales Iván Lanegra demuestra en las siguientes líneas cómo el presidente Alan García justifica el deterioro de la gestión ambiental en su gobierno con falacias y medias verdades al presentar a la inversión privada como la panacea de los problemas del país y a sus críticos como "perros del hortelano". Su reciente libro "El (ausente) Estado ambiental" es clave para entender el costo de la fragilidad de las instituciones involucradas en la defensa del medio ambiente.

El aire está cargado. En el ruedo ambiental existen dos batallas: la desatada en el campo, en el territorio de los directamente afectados por la contaminación, y la que se libra en la capital, al calor de un debate público donde Alan García y sus ministros se han puesto en primera fila fabricando mitos. El especialista en temas medioambientales Iván Lanegra desmorona una a una las ideas sobre el tema ambiental que el jefe del Estado ha soltado en la agenda política para, según el experto, ocultar "el deterioro de la institución ambiental en este año y medio de gobierno aprista". El balance de cómo vamos en esta materia aparece en las 193 páginas de su libro "El (ausente) Estado ambiental". Hoy, como gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de la región Junín, habla del Estado por dentro.

CON EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DEMOSTRAMOS QUE SOMOS RESPONSABLES
¿Este ministerio es una muestra de buena voluntad del gobierno para avanzar en el tema ambiental? Lanegra responde que la propuesta de crear esta entidad no ha surgido por el interés de García de atender los reclamos del país frente al hervidero de conflictos socioambientales relacionados con la actividad minera y otras necesidades del país, sino porque fue una condición de Estados Unidos para dar el préstamo en la segunda parte del proyecto gasífero de Camisea. "El presidente quiere utilizar políticamente esta decisión a la que se ha visto obligado y eso explica por qué, después de una sequía de decisiones, de pronto anuncie la creación de un ministerio", apunta.

Esta imagen que se pretende difundir de un Estado comprometido con el tema luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU y en un escenario expectante de cumbres internacionales, se derrite cuando se comprueba que a diciembre del 2007 no se aprobó ninguna de las 29 normas sobre Estándares de Calidad Ambiental (ECAS) y Límites Máximos Permisibles (LMP) a las que se comprometió el gobierno. Y también se desvanece, enfatiza Lanegra, cuando el premier Jorge del Castilo le encomienda a Antonio Brack y a un grupo de expertos que en apenas 20 días elaboren una política nacional del medio ambiente, un diagnóstico ambiental y una propuesta de ministerio.

"Esto demuestra que es improvisado y que quien está empujando esto no tiene la menor idea", agrega. ¿Y Brack es la mejor elección considerando que no sólo es un ecologista reconocido sino que ha trabajado para el sector minero?, pregunto. "Una cosa es ser un experto en ecología y otra en reforma del Estado en materia ambiental. Y sobre su relación con las mineras, es importante que Brack informe desde qué posición está actuando ahora".

VENDAMOS LA AMAZONÍA PARA GARANTIZAR EMPLEO
"El presidente plantea utilizar la propiedad como una herramienta para atraer inversiones y generar empleo en la Amazonía. Pero de consumarse este propósito lo que en realidad se requiere es la presencia fuerte del Estado para asegurar que estas inversiones sean bien reguladas y no se generen conflictos violentos e inequidad", opina el especialista ante la iniciativa de García de vender los terrenos eriazos de la selva para reforestación sin tener un catastro de estos territorios, una clara regulación ni medir los impactos sociales y culturales.
En esta propuesta no se ha escuchado la voz de las poblaciones que viven en estos territorios, como los pueblos indígenas.
"El Estado distribuye con sus políticas los riesgos y las cargas ambientales entre la gente. Cuando no considera a los grupos minoritarios, la distribución de estos riesgos termina siendo injusta", reflexiona.

Continua mañana....