martes, febrero 12, 2008

"El (Ausente) Estado Ambiental II "


Parte final de la interesante entrevista al Experto Iván Lanegra, y que fue publicada en el Diario La República Edición Digital.
En esta entrevista Iván Lanegra, demuestra como el Gobierno Aprista carece de una verdadera política ambientalista y la forma grotesta en que ha improvisado el llamado Ministerio del Medio Ambiente, que no forma parte de una estrategia gubernamental, si no más bien una exigencia producto de la firma del TLC con EEUU.
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TENEMOS LAS NORMAS AMBIENTALES, ¿PARA QUE MÁS?
La publicación de Lanegra rompe con el mito de que "tenemos muchas normas en el sector y por lo tando por ahí no va el problema". En esa línea sostiene que existen vacíos en la legislación, una institucionalidad mal diseñada y una débil capacidad para que la ley se cumpla y se convierta en un instrumento vivo y cotidiano. Por eso considera que la clave no está "en llenarse de leyes" sino en establecer una agenda de prioridades en donde se tenga información precisa del impacto de las actividades de mayor intensidad –como la minería– para que a partir de eso pueda plantearse una regulación efectiva. "Cuanto más desarrollada esté la información en el tema ambiental, mejores decisiones se toman", advierte. Y eso no sucede en el caso peruano porque los estándares ambientales de calidad en el país están por debajo de las exigencias internacionales.

MEJOR ES LA GRAN MINERÍA QUE LA MINERÍA INFORMAL PORQUE CONTAMINA MENOS

"El gobierno plantea vivir con la gran empresa sin Estado o vivir con las actividades informales también sin Estado. Entonces, el problema es la ausencia estatal", sentencia. Cuando en setiembre del año pasado el régimen aprista cuestionó que los pobladores de la sierra de Piura rechazaran en una consulta ciudadana la actividad de la minera Majaz en sus territorios, el premier señaló que era preferible que ingresara esta empresa a que los informales explotaran los minerales contaminando los ríos. El primer ministro planteaba la idea del mal menor sin demostrar la presencia de los informales en la zona donde Majaz explotaría cobre y molibdeno.

Y en esta saga de falacias y verdades a medias, el Ejecutivo siguió lanzando ideas al aire como humo negro: "Las ONGs y las regiones no se preocupan de la minería informal". Al sentirse aludido como funcionario de la región Junín, Lanegra responde que "esa frase es una trampa" porque el gobierno central nunca fue capaz de enfrentar la minería informal durante décadas y ahora que ha transferido el problema a las regiones se queja porque no ve resultados en un año. "Eso es injusto. No es que con el gobierno central se acabó la minería informal y al trasladarse el tema a las regiones se armó el desastre", contraataca.

LOS QUE SE ENFRENTAN A LA INVERSIÓN SON ENEMIGOS DE LA PATRIA

"Los ambientalistas son enemigos del país", "los perros del hortelano", "los comunistas del siglo XXI" que obstaculizan las inversiones, pregona el gobierno sin reconocer que hay, como quien dice, una gama de tonalidades verdes en la comunidad ambiental. "Están desde Al Gore (el ex vicepresidente de Estados Unidos) hasta el padre Marco Arana (militante ambientalista de Cajamarca)", apunta Lanegra.

La ex titular del Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador Yolanda Kakabatse, en su reciente visita a Lima, señalaba que una forma inteligente de aproximar el tema al mundo diario de los pobladores es preguntarse ¿cuánto menos se enferma la gente con una buena política ambiental? Pero este lenguaje económico de costo y beneficio que permitiría entender por qué ser responsable en el tema ambiental también es rentable para el país, no ha sido desplegado ni por el gobierno ni por los ambientalistas.

El informe del Banco Mundial del 2006 da una idea del tamaño del desafío: el costo de la degradación ambiental en el país es del 3.9% del Producto Bruto Interno (PBI) del año 2003, es decir, alrededor de 8.2 billones de soles, mientras que el Estado invierte apenas 0.3% del PBI en el tema ambiental. O sea, un peruano pierde 100 dólares al año por la contaminación mientras que el Estado sólo dispone 5 dólares de los impuestos que paga cada ciudadano para proteger el ambiente. Un balance que no ha cambiado con García y que lo presenta extraviado en el fuego cruzado de su prédica.


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