"A la Gente no hay que darle pescado, si no enseñarle a pescar": Alejandro Toledo hace tiempo atras.
Que consecuente resulto el mediocre, para muestra un boton.
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La oportuna revelación del programa Pro Perú del Gobierno puede ser fundamental para contribuir a que este finalmente sea un mecanismo para paliar -con eficiencia- la situación de pobreza extrema en la que se encuentra la cuarta parte de la población, en lugar de convertirse en un mero instrumento electoral.
Nadie debería oponerse al establecimiento de un esquema para combatir la pobreza extrema que sea financiado con prudencia y cuyo diseño responda a criterios técnicos que aprovechen la experiencia internacional.
Y si, como consecuencia, este acaba mejorando la alicaída imagen del Gobierno, enhorabuena. Mas bien, lo que cabe preguntarse es por qué se esperó recién hasta el tramo final del régimen para aplicarlo.
Es la oportunidad en que se lanzará el programa y los antecedentes del cogollo político del Gobierno lo que genera la legítima preocupación sobre la real intención detrás de Pro Perú.
Para despejar la sospecha hay que prestarle atención a su focalización y cobertura para que efectivamente llegue a los más pobres; a las condiciones para entregar el subsidio de manera que se contribuya a mejorar la calidad de vida; al gradual desmontaje de otros programas que se sobrepongan; a su compatibilidad con la real capacidad de financiamiento para evitar un descalabro fiscal; a la habilidad para diseñar un mecanismo que permita que el dinero llegue con eficiencia a la población objetivo; y a la estricta fiscalización de la transparencia del modelo para impedir que sea un instrumento electoral.
En este sentido, una interrogante crucial sobre Pro Perú se refiere al equipo que estará a cargo de su implementación. Si va a ser puesto en marcha contra viento y marea, con improvisación y en manos de un gabinete politiquero, como el que podría formarse en breve, debería ser combatido radicalmente. Invertir los escasos recursos públicos en un programa que se utilice con fines proselitistas y para el financiamiento de la campaña electoral de quienes están en el Gobierno, sería un imperdonable pecado capital.
Nadie debería oponerse al establecimiento de un esquema para combatir la pobreza extrema que sea financiado con prudencia y cuyo diseño responda a criterios técnicos que aprovechen la experiencia internacional.
Y si, como consecuencia, este acaba mejorando la alicaída imagen del Gobierno, enhorabuena. Mas bien, lo que cabe preguntarse es por qué se esperó recién hasta el tramo final del régimen para aplicarlo.
Es la oportunidad en que se lanzará el programa y los antecedentes del cogollo político del Gobierno lo que genera la legítima preocupación sobre la real intención detrás de Pro Perú.
Para despejar la sospecha hay que prestarle atención a su focalización y cobertura para que efectivamente llegue a los más pobres; a las condiciones para entregar el subsidio de manera que se contribuya a mejorar la calidad de vida; al gradual desmontaje de otros programas que se sobrepongan; a su compatibilidad con la real capacidad de financiamiento para evitar un descalabro fiscal; a la habilidad para diseñar un mecanismo que permita que el dinero llegue con eficiencia a la población objetivo; y a la estricta fiscalización de la transparencia del modelo para impedir que sea un instrumento electoral.
En este sentido, una interrogante crucial sobre Pro Perú se refiere al equipo que estará a cargo de su implementación. Si va a ser puesto en marcha contra viento y marea, con improvisación y en manos de un gabinete politiquero, como el que podría formarse en breve, debería ser combatido radicalmente. Invertir los escasos recursos públicos en un programa que se utilice con fines proselitistas y para el financiamiento de la campaña electoral de quienes están en el Gobierno, sería un imperdonable pecado capital.
Augusto Alvarez Rodrich
Tomado de Peru21
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