Que contraste carajo, que lenta es la Justicia en estos casos. Y despues cuando el hartazgo de la gente por estas injusticias, explota. Los paràsitos de la Polìtica se rasgan las vestiduras acusandolos de subversivos.
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Investigaciones involucran a más de 20 parientes de familia presidencial. Principales denuncias ya terminaron en el Poder Judicial.
Como era de esperarse y dado los orígenes humildes del jefe de Estado Alejandro Toledo, muchos de sus parientes, algunos de los cuales lo apoyaron en la campaña electoral que lo llevó al gobierno, vieron en su gestión la solución de sus problemas y la mejor forma de labrar nuevas fortunas en el país.
No obstante, quienes pensaron que pasarían desapercibidos se equivocaron porque gracias a la denuncias periodísticas y la acción de valientes miembros de la fiscalía que no se dejaron presionar por las altas esferas del poder se ha logrado llevar a declarar a los miembros más cercanos del entorno presidencial, y pese a las trabas impuestas, en especial de los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, se ha logrado establecer la responsabilidad de los malos parientes del mandatario.
Así tenemos una serie de casos que en total involucran a una veintena de personajes que se han visto en líos con la justicia y han contribuido sin quererlo, a bajar aún más la popularidad del presidente Alejandro Toledo.
Los sobrinísimos
Los que han dado más dolores de cabeza al jefe de Estado han sido sus propios sobrinos, que si bien no se encuentran procesados por irregulares licitaciones o adquisiciones irregulares, se han visto envueltos en líos de barrio, lo que ha puesto sobre el tapete el nivel sociocultural de la familia del jefe de Estado.
Así dejando a un lado a Jorge “Coqui” Toledo Velásquez, quien fue eximido por la fiscalía de un supuesto ingreso patrimonial excesivo, se encuentran Williams Toledo Rodríguez, Miguel Toledo Manrique y, recientemente, Fernando Manrique Quipusgo, quienes son los que más han dado que hablar ante la opinión pública.
En los próximos días la jueza penal Pilar Salas Campos deberá fijar sentencia contra Williams Toledo Rodríguez, sobrino del jefe de Estado, a raíz del proceso abierto en su contra por supuestamente haber agredido a un vigilante del local barranquino “La Candelaria” junto a unos amigos suyos, el 6 de noviembre del año pasado. La fiscalía ha solicitado para él la pena de dos años de prisión.
No obstante, el caso más grave es el de Miguel Toledo Manrique, sobre quien pende una orden de detención en caso no se presente a una diligencia de confrontación para el 4 de enero con la joven Milady Rojas Rodríguez, quien lo acusa de delito de libertad sexual en la modalidad de violación.
La agraviada acusa al sobrino del mandatario de haberla llevado a un hostal de San Borja el 10 de marzo pasado en medio de engaños sobre un puesto de trabajo en Perú Posible y luego de haber sido dopada con un fuerte sedante conocido como benzodiacepina. A la fecha Miguel Toledo ha incumplido muchas de las diligencias judiciales.
Paralelamente, Miguel Toledo es investigado por el fiscal anticorrupción Óscar Zevallos supuestamente por haber suscrito a través de su compañía V & M contratos con el aeropuerto y Corpac, contratos con alrededor de 30 empresas vinculadas pese a que está prohibido por la ley que el Estado contrate con empresas vinculadas a parientes del jefe de Estado hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Recientemente, a raíz de un nuevo escándalo por un presunto tráfico de medicinas y ropa donada por entidades benéficas al Estado, la fiscal provincial penal Patricia Torres Manrique abrió investigación contra Fernando Manrique Quipusgo, también sobrino de Toledo, y Jesús Velásquez Román, quien sería sobrino de Amador Velásquez, fundador de Perú Posible y conocido como Papá Noél.
El caso de Telecomunicaciones Hemisféricas
Paralelamente, Pedro Toledo Manrique afronta otra investigación en la 20 fiscalía provincial por supuestamente haber intercedido ante el Poder Judicial para un contrato de menor cuantía a favor de su pareja sentimental Susana Milagros Herrera Vildoso, propietaria de la empresa “Delfyn System”, que no contaba con más de dos años en el rubro.
En tanto, afronta un proceso penal por tráfico de influencias ante el sexto juzgado anticorrupción por la irregular licitación dada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas SAC para brindar servicio de telefonía fija en Lima y Callao por 20 años pese a no tener el capital social suficiente.
Caso firmas falsas
No obstante, quien afronta el proceso más grave es Margarita Toledo, contra quien en los próximos días un juez penal abrirá proceso penal por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.
También está incluido el esposo de ésta, Edwin Suárez Flores, su cuñada Carmen Rosa Velázquez Taboada junto a los sobrinos Roberto Carlos Toledo Verau (ex compañero sentimental de la testigo Gladys Álvarez Gonzales), y los sobrinos Walter Manrique Placido (ex personero técnico de PP), Vicente Pinedo Manrique y Nancy Toledo Velásquez.
Los otros hermanos
El mayor de los hermanos, Luis Toledo Manrique, afrontó en los años 70 un proceso por asalto a bancos, por lo que tiene un prontuario al respecto y salió nuevamente a la luz al conocerse que el Ministerio de Agricultura le adjudicó irregularmente 45 hectáreas en Lurín, donde se planeaba construir unas 120,000 casas del programa Techo a través del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT).
Vale decir que dichos terrenos fueron adquiridos a través de un proceso judicial lleno de irregularidades y en la que el jefe de Estado cuando aún era candidato, habría intervenido ante las autoridades de aquel entonces, se conoció en fuentes de la fiscalía.
Fernando Toledo Manrique fue involucrado en junio pasado de haber utilizado irregularmente a la ONG Aprodebi a fin de ganar licitaciones públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la construcción de 73 kilómetros de la carretera en Ancash, lo cual es investigado por la fiscalía de Santa.
No obstante, los que más dolores de cabeza han dado al mandatario son la pareja conformada por Pedro y Margarita Toledo, quienes han acudido a la Fiscalía y al Poder Judicial no menos de diez veces cada uno para responder a la justicia.
Los hermanos Pedro y Margarita Toledo son investigados juntos por la fiscal anticorrupción Juana Meza Peña por haber supuestamente contratado al publicista Daniel Borobio para mejorar la imagen del presidente Alejandro Toledo, pese a que inicialmente se archivó el caso, pero al aparecer nuevos indicios a mediados de setiembre pasado, como correos electrónicos y direcciones exactas, y la versión de un testigo clave, se tuvo que reabrir la investigación.
Francisco Mezzano, el testigo clave, confirmó que durante siete meses del año 2003, Daniel Borobio determinó, a través de informes diarios, qué debía o no debía hacer el presidente Alejandro Toledo. También ratificó la existencia de más de 80 informes de asesoría dirigidos al Mandatario, y desmintió versiones de los hermanos Toledo sobre sus verdaderos nexos con Borobio.
Enriquecimiento ilícito
Quienes también habrían aprovechado de la cercanía del poder para labrar fortunas nunca antes imaginadas son las cuñadas del jefe de Estado, Beatriz y Carmen Rosa Velázquez Taboada, ambas acusadas de haber adquirido o construido costosos inmuebles, sin contar con los ingresos que justifiquen dichas operaciones y que se concretaron justo después que Toledo Manrique asume el poder.
La investigación se encuentra a cargo de la fiscal provincial Haydeé Menacho Polanco (denuncia 181-04). El primer caso es referido a una residencia de La Molina adquirida por Beatriz Velázquez Taboada, madre de Jorge “Coqui” Toledo, a un precio de 115 mil dólares, mediante escritura pública. En tanto, Igualmente, Carmen Rosa Velázquez Taboada es investigada por haber adquirido una vivienda en el distrito de Ate Vitarte a 26 mil dólares.
La cuñadísima
Igualmente, la cuñada del jefe de Estado y esposa de Fernando Toledo, Juana Rodríguez, se encuentra procesada en el 33 Juzgado Penal por haber intercedido para colocar a un militante de Perú Posible en una dependencia del sector Educación junto a William Sandoval, quien se hizo pasar por el congresista Wilmer Rengifo para presionar a una funcionaria del mencionado portafolio.
Asimismo, afronta una investigación en la Sexta Fiscalía provincial por supuesto mal uso de donaciones a través de la ONG Aprodebi de su amiga Yolanda Pacheco en agravio de los pobladores del asentamiento humano “El Calizal” de Carabayllo, así como de San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo por un monto de 180 mil nuevos soles.
El caso, no obstante, ha sido archivado a su favor por la fiscal Ruth Sotomayor y se espera que una fiscalía superior se pronuncie al respecto.
No obstante, quienes pensaron que pasarían desapercibidos se equivocaron porque gracias a la denuncias periodísticas y la acción de valientes miembros de la fiscalía que no se dejaron presionar por las altas esferas del poder se ha logrado llevar a declarar a los miembros más cercanos del entorno presidencial, y pese a las trabas impuestas, en especial de los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, se ha logrado establecer la responsabilidad de los malos parientes del mandatario.
Así tenemos una serie de casos que en total involucran a una veintena de personajes que se han visto en líos con la justicia y han contribuido sin quererlo, a bajar aún más la popularidad del presidente Alejandro Toledo.
Los sobrinísimos
Los que han dado más dolores de cabeza al jefe de Estado han sido sus propios sobrinos, que si bien no se encuentran procesados por irregulares licitaciones o adquisiciones irregulares, se han visto envueltos en líos de barrio, lo que ha puesto sobre el tapete el nivel sociocultural de la familia del jefe de Estado.
Así dejando a un lado a Jorge “Coqui” Toledo Velásquez, quien fue eximido por la fiscalía de un supuesto ingreso patrimonial excesivo, se encuentran Williams Toledo Rodríguez, Miguel Toledo Manrique y, recientemente, Fernando Manrique Quipusgo, quienes son los que más han dado que hablar ante la opinión pública.
En los próximos días la jueza penal Pilar Salas Campos deberá fijar sentencia contra Williams Toledo Rodríguez, sobrino del jefe de Estado, a raíz del proceso abierto en su contra por supuestamente haber agredido a un vigilante del local barranquino “La Candelaria” junto a unos amigos suyos, el 6 de noviembre del año pasado. La fiscalía ha solicitado para él la pena de dos años de prisión.
No obstante, el caso más grave es el de Miguel Toledo Manrique, sobre quien pende una orden de detención en caso no se presente a una diligencia de confrontación para el 4 de enero con la joven Milady Rojas Rodríguez, quien lo acusa de delito de libertad sexual en la modalidad de violación.
La agraviada acusa al sobrino del mandatario de haberla llevado a un hostal de San Borja el 10 de marzo pasado en medio de engaños sobre un puesto de trabajo en Perú Posible y luego de haber sido dopada con un fuerte sedante conocido como benzodiacepina. A la fecha Miguel Toledo ha incumplido muchas de las diligencias judiciales.
Paralelamente, Miguel Toledo es investigado por el fiscal anticorrupción Óscar Zevallos supuestamente por haber suscrito a través de su compañía V & M contratos con el aeropuerto y Corpac, contratos con alrededor de 30 empresas vinculadas pese a que está prohibido por la ley que el Estado contrate con empresas vinculadas a parientes del jefe de Estado hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Recientemente, a raíz de un nuevo escándalo por un presunto tráfico de medicinas y ropa donada por entidades benéficas al Estado, la fiscal provincial penal Patricia Torres Manrique abrió investigación contra Fernando Manrique Quipusgo, también sobrino de Toledo, y Jesús Velásquez Román, quien sería sobrino de Amador Velásquez, fundador de Perú Posible y conocido como Papá Noél.
El caso de Telecomunicaciones Hemisféricas
Paralelamente, Pedro Toledo Manrique afronta otra investigación en la 20 fiscalía provincial por supuestamente haber intercedido ante el Poder Judicial para un contrato de menor cuantía a favor de su pareja sentimental Susana Milagros Herrera Vildoso, propietaria de la empresa “Delfyn System”, que no contaba con más de dos años en el rubro.
En tanto, afronta un proceso penal por tráfico de influencias ante el sexto juzgado anticorrupción por la irregular licitación dada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas SAC para brindar servicio de telefonía fija en Lima y Callao por 20 años pese a no tener el capital social suficiente.
Caso firmas falsas
No obstante, quien afronta el proceso más grave es Margarita Toledo, contra quien en los próximos días un juez penal abrirá proceso penal por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.
También está incluido el esposo de ésta, Edwin Suárez Flores, su cuñada Carmen Rosa Velázquez Taboada junto a los sobrinos Roberto Carlos Toledo Verau (ex compañero sentimental de la testigo Gladys Álvarez Gonzales), y los sobrinos Walter Manrique Placido (ex personero técnico de PP), Vicente Pinedo Manrique y Nancy Toledo Velásquez.
Los otros hermanos
El mayor de los hermanos, Luis Toledo Manrique, afrontó en los años 70 un proceso por asalto a bancos, por lo que tiene un prontuario al respecto y salió nuevamente a la luz al conocerse que el Ministerio de Agricultura le adjudicó irregularmente 45 hectáreas en Lurín, donde se planeaba construir unas 120,000 casas del programa Techo a través del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT).
Vale decir que dichos terrenos fueron adquiridos a través de un proceso judicial lleno de irregularidades y en la que el jefe de Estado cuando aún era candidato, habría intervenido ante las autoridades de aquel entonces, se conoció en fuentes de la fiscalía.
Fernando Toledo Manrique fue involucrado en junio pasado de haber utilizado irregularmente a la ONG Aprodebi a fin de ganar licitaciones públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la construcción de 73 kilómetros de la carretera en Ancash, lo cual es investigado por la fiscalía de Santa.
No obstante, los que más dolores de cabeza han dado al mandatario son la pareja conformada por Pedro y Margarita Toledo, quienes han acudido a la Fiscalía y al Poder Judicial no menos de diez veces cada uno para responder a la justicia.
Los hermanos Pedro y Margarita Toledo son investigados juntos por la fiscal anticorrupción Juana Meza Peña por haber supuestamente contratado al publicista Daniel Borobio para mejorar la imagen del presidente Alejandro Toledo, pese a que inicialmente se archivó el caso, pero al aparecer nuevos indicios a mediados de setiembre pasado, como correos electrónicos y direcciones exactas, y la versión de un testigo clave, se tuvo que reabrir la investigación.
Francisco Mezzano, el testigo clave, confirmó que durante siete meses del año 2003, Daniel Borobio determinó, a través de informes diarios, qué debía o no debía hacer el presidente Alejandro Toledo. También ratificó la existencia de más de 80 informes de asesoría dirigidos al Mandatario, y desmintió versiones de los hermanos Toledo sobre sus verdaderos nexos con Borobio.
Enriquecimiento ilícito
Quienes también habrían aprovechado de la cercanía del poder para labrar fortunas nunca antes imaginadas son las cuñadas del jefe de Estado, Beatriz y Carmen Rosa Velázquez Taboada, ambas acusadas de haber adquirido o construido costosos inmuebles, sin contar con los ingresos que justifiquen dichas operaciones y que se concretaron justo después que Toledo Manrique asume el poder.
La investigación se encuentra a cargo de la fiscal provincial Haydeé Menacho Polanco (denuncia 181-04). El primer caso es referido a una residencia de La Molina adquirida por Beatriz Velázquez Taboada, madre de Jorge “Coqui” Toledo, a un precio de 115 mil dólares, mediante escritura pública. En tanto, Igualmente, Carmen Rosa Velázquez Taboada es investigada por haber adquirido una vivienda en el distrito de Ate Vitarte a 26 mil dólares.
La cuñadísima
Igualmente, la cuñada del jefe de Estado y esposa de Fernando Toledo, Juana Rodríguez, se encuentra procesada en el 33 Juzgado Penal por haber intercedido para colocar a un militante de Perú Posible en una dependencia del sector Educación junto a William Sandoval, quien se hizo pasar por el congresista Wilmer Rengifo para presionar a una funcionaria del mencionado portafolio.
Asimismo, afronta una investigación en la Sexta Fiscalía provincial por supuesto mal uso de donaciones a través de la ONG Aprodebi de su amiga Yolanda Pacheco en agravio de los pobladores del asentamiento humano “El Calizal” de Carabayllo, así como de San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo por un monto de 180 mil nuevos soles.
El caso, no obstante, ha sido archivado a su favor por la fiscal Ruth Sotomayor y se espera que una fiscalía superior se pronuncie al respecto.
Tomado del Diaro La Razòn ( Un modelo de Lucha contra la corrupción )
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